Junto con otras personas activistas, en 2017 lograron que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica.
Demostraron, de forma práctica, y en primera persona, que era posible promover modelos de prosperidad económica en la comunidad de San Isidro que no fuera "extractivista".
Debido a su postura crítica y su activismo en un entorno de creciente criminalización de la defensa de los derechos humanos en El Salvador, han sufrido persecución, vigilancia e intimidación. Estas condiciones les llevaron al exilio forzado en 2025 desde donde continúan denunciando las amenazas de un posible retorno de la minería metálica y la situación de vulnerabilidad de los movimientos sociales en su país.
